Poco después de que hablárabamos por aquí de otros hombres de frontera, hablaba Mary Beard en su blog A Don’s Life de otras fronteras puestas por hombres (y mujeres) para mujeres (y hombres). Como uno suele fijarse solo en lo que ya conoce, un poco a la manera del paleógrafo, a mí me llamó la atención un par de párrafos de lo que explicaba Beard:

Just recently a directive has come down to us from the “management” […], explaining that in future we will only be allowed to appoint external examiners for PhDs from those who have a right to work in the UK (ie no Americans, Australians whatever). Apparently, so our “Human Resources Compliance Unit” (I am not joking) assures us, reading a PhD thesis, writing a report and giving the candidate a viva of (say) two hours counts as “employment”. So if you are appointed to do this, you need to prove your eligibilty to work in this country, by showing your passport.

Recién nos llegó una directiva emanada de la «dirección» […], en la que se explicaba que, en lo sucesivo, solo se nos permitirá nombrar miembros externos de un tribunal de tesis a quienes tengan derecho a trabajar en el Reino Unido (es decir, que ni a americanos, australianos o lo que sea). Según parece, o eso es lo que nuestra «Unidad de Ejecución Conforme en Recursos Humanos» (no es broma) nos asegura, leerse una tesis doctoral, escribir un informe y estar presente en una defensa de tesis que dure dos horas (verbigracia) vale lo que un «empleo». Así que, si a uno le nombran para una cosa sí, tiene uno que demostrar que es susceptible de poder ser contratado en este país, enseñando el pasaporte.

In my Faculty, we normally use UK scholars to examine PhDs (we don’t squander travelling expenses), but sometimes students have been researching subjects that really do require an non-EAA examiner. Tony Grafton of Princeton, for example, may be one of the very few people in the world properly qualified to examine a specialised PhD — but he would no longer be appointable, at least on this interpretation of the law.

En mi Facultad, tenemos por costumbre tirar de investigadores británicos para los tribunales (no despilfarramos los gastos de viaje), pero, a veces, hay estudiantes que se han dedicado a temas que requieren de veras un examinador de fuera del Espacio Económico Europeo. Anthony Grafton, de Princeton, por ejemplo, puede ser una de las pocas personas en el mundo con los conocimientos adecuados para examinar a un doctorando especializado. Pero ya no le podemos traer para un tribunal, al menos siguiendo esta interpretación de la ley.

Viene a esto cuento de dos cosas, como si dijéramos. La primera, y secundaria, por un comentario que dejó Tim Kendall (este, creo) en los comentarios al post de Mary Beard:

Regarding external examiners, HR departments may be overly cautious. Better that, however, than the situation I heard about recently, in which an American academic, having arrived at Heathrow, was denied entry and put on the next plane home.

Respecto de miembros externos del tribunal, los departamentos de recursos humanos puede que se estén pasando de precavidos. Aunque mejor eso que la situación de la que me han hablado hace poco, en la que un profesor americano, al llegar a[l aeropuerto londinense de] Heathrow, le negaron la entrada [al Reino Unido] y le mandaron en el siguiente avión de vuelta a casa.

De la segunda, y principal, de las cosas por las que viene esto a cuento nos daba noticia ayer Ángel Duarte en su Tinglado de Santa Eufemia:

Los abajo firmantes, miembros de la comunidad universitaria y de distintas instituciones académicas, culturales y sociales, manifestamos nuestra indignación y preocupación frente a la situación vivida en los días pasados por la licenciada María Cecilia Tonon, profesora de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.

La profesora Tonon viajó el 10 de octubre próximo pasado a Madrid, España, con el objeto de realizar una pasantía de investigación por dos meses en la Cátedra de Memoria Histórica del Siglo XX, dirigida por el Dr. Julio Aróstegui, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El traslado y alojamiento correspondientes a esa actividad académica se solventaban con una beca de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación argentino y con la estancia en el Colegio Mayor Argentino de Madrid. Pero en el aeropuerto de Barajas le fue denegada la entrada al territorio del Estado Español por un encargado de control de la Policía que sólo se identificó con el número 96888 y por el jefe del mismo, aduciendo confusamente que la profesora Tonon debía tener visa de estudiante. De nada valieron las explicaciones de la docente, ni la presentación de la documentación correspondiente de la UCM , de la SPU o del Colegio Mayor Argentino, y ni los llamados telefónicos del personal y director de esta última institución, Horacio Fazio, ni del propio doctor Aróstegui. Tras una serie de maltratos y actuaciones infundadas se le entregó una notificación de resolución denegatoria, firmada por un Jefe de Servicio de Puesto Fronterizo sin sello ni leyenda aclaratoria, en la que no se especifica cuál sería la documentación faltante y por qué razones no podía ingresar al territorio español. La profesora fue embarcada contra su voluntad en un vuelo de retorno a Buenos Aires sin siquiera devolverle el pasaporte, que fue entregado al jefe de cabina. Luego de 22.000 kilómetros en avión y no menos de 1.000 en auto, con un viaje total de más de dos días que incluyó ocho horas de retención en Barajas (cuatro de ellas incomunicada), sometida a un personal que constantemente tuvo expresiones impropias para con ella y para con otros pasajeros en similares condiciones, María Cecilia Tonon sufrió a su regreso a la Argentina la pérdida de un embarazo incipiente.

Manifestamos entonces nuestra indignación frente al trato arbitrario sufrido por la profesora Tonon, quien como ciudadana argentina que pretendía una permanencia en España inferior a los tres meses y con el objetivo de cumplir con una actividad académica no requería visado alguno para su ingreso. Asimismo expresamos nuestro repudio para con el trato degradante hacia la nombrada y la falta de consideración por parte de la Policía del puesto fronterizo mencionado hacia las intervenciones realizadas en su favor. Nos preguntamos adicionalmente cuál será el trato dispensado a centenares de pasajeros que cotidianamente se ven sometidos al poder discrecional de tal personal.

Manifestamos nuestra preocupación porque esta medida infundada y autoritaria pone en cuestión todo el sistema de intercambios académicos entre España y Argentina, e incluso de toda el área iberoamericana, al lesionar las bases normativas vigentes y la confianza puesta en las autoridades españolas. Y así como los docentes e investigadores argentinos y latinoamericanos no pueden ya confiar en los procedimientos que anteriormente se seguían, los ciudadanos comunes y corrientes ven despreciados sus legítimos derechos. Estimamos que acciones como ésta no son meros hechos aislados sino que por el contrario corresponden a un clima de época en progresiva formación en la Unión Europea, caracterizado por actitudes discriminatorias contra extranjeros, inmigrantes y miembros de confesiones o etnias minoritarias. Opinamos que sólo la acción decidida de sus gobiernos y de la sociedad civil puede revertir esa tendencia y asegurar el pleno respeto por los derechos humanos.

Por todo ello exigimos del Estado Español la investigación de lo sucedido, la sanción a quienes pudieran haber violado las reglamentaciones vigentes y la reparación consecuente a la profesora Tonon. A la vez, requerimos del Estado Argentino que a través de sus órganos competentes presente los recursos y quejas a los que hubiera lugar, en previsión de que hechos como el relatado no se vuelvan a producir.

16 de octubre de 2010

Aparte de que la afectada sufriera un aborto, de todo lo que he podido leer sobre el caso me quedo con la expresión última de la igualdad legal según la Policía Nacional española, adscrita a los puestos fronterizos de mi país:

La Embajada puede hablar todo lo que quiere, pero quien decide es la Policía Española.

Ni la ley española, ni el derecho internacional, ni el procedimiento democrático ni la moralidad. Quien (¿quién?) decide es la Policía Española. Quede claro. Denles recuerdo al número número 9688 y a su jefe si les ven por Barajas, de mi parte.

Y si se preguntan si esto pasa a menudo, o poco, o mucho, o si pasa porque las cosas son así, harán santamente.